ANÁLISIS. El 28 de noviembre se celebran elecciones en Honduras, uno de los países más corruptos de América Latina, donde el presidente en funciones está acusado de estar implicado en el tráfico de drogas. Aunque en apariencia el país está trabajando para celebrar unas elecciones libres y seguras, la violencia generalizada, la historia inestable del país y, sobre todo, el alto nivel de corrupción sistémica está enturbiando el proceso democrático. Hay un riesgo muy alto de que la corrupción determine las elecciones en Honduras, escribe Samuel Rivera en este análisis.
El 28 de noviembre, los hondureños acudirán a las urnas para votar por el próximo gobierno y presidente de la república en las elecciones generales. A pesar de un sistema electoral reformado y de que hay tres candidatos presidenciales que tienen al menos una posibilidad teórica de llegar al poder, pocos creen que vaya a haber un cambio real.
Tras los disturbios en torno a las elecciones de 2017, el parlamento hondureño aprobó una nueva ley electoral en 2018. El presidente en funciones, Juan Orlando Hernández (JOH), fue acusado de amañar las elecciones y de fraude electoral por la oposición, lo que provocó protestas generalizadas, posición que la oposición sigue manteniendo en la actualidad. La ley electoral que entró en vigor el año pasado pretende reducir el fraude electoral, entre otras cosas, dificultando que los partidos pequeños vendan sus votos al mejor postor. Sin embargo, la ley ha sido acusada de ser demasiado limitada y de no abordar algunos de los problemas más importantes que obstaculizan el proceso democrático en el país. El mayor cambio, según Expediente Público, es que ahora tres partidos se disputarán el poder en lugar de los dos históricos.
Las elecciones internas del partido han designado a tres candidatos a la presidencia. Nasry ”Tito” Asfura pertenece al actual partido gobernante, el Partido Nacional, y es el alcalde de Tegucigalpa. Yani Rosenthal, del opositor Partido Liberal, es un banquero establecido y exministro. La candidata Xiomara Castro pertenece al partido opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y está casada con el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de Estado en 2009. Asfura y Yani han sido acusados de corrupción. Yani Rosenthal ha cumplido tres años de prisión en Estados Unidos por blanqueo de capitales, y Nasry Asfura ha sido acusado de malversación de fondos.
Xiomara Castro ha unido a la oposición y es, por tanto, la principal candidata de la oposición, lo que supone una seria amenaza para los 12 años de gobierno de Nacional. Un sondeo de septiembre muestra a Castro con el 18 por ciento de los votos, muy cerca de Nasry Asfura, que sólo le aventaja en tres puntos. Desde que se realizó el sondeo, Salvador Nasralla, también candidato de la oposición con el 18 por ciento de los votos, suspendió su campaña en apoyo de Castro en octubre.
Aunque no tiene las mismas acusaciones de corrupción sobre ella, Castro tampoco está exenta de polémica. Como esposa del presidente ”de izquierdas” Zelaya, se teme que retome sus reformas populistas de izquierdas. También se teme que intente tomar represalias por el golpe de Estado de 2009, en el que los militares derrocaron al entonces presidente electo Manuel Zelaya después de que éste intentara aprobar un cambio en la Constitución que le permitiera presentarse a un segundo mandato. Zelaya había intentado reducir la desigualdad económica durante su mandato y, por ejemplo, se unió a la organización internacional de izquierdas ALBA. El Congreso Nacional, la Corte Suprema y los militares se opusieron firmemente al proyecto de ley. El golpe fue condenado por la comunidad internacional, especialmente por la OEA y la ONU, que consideraban que Zelaya era el presidente legítimo. Tras unas disputadas elecciones apoyadas por Estados Unidos y Canadá, elecciones que la oposición boicoteó, el Partido Nacional llegó al poder.
Aun así, pocos analistas creen que haya mucho riesgo de que la historia se repita si gana, ya que la situación geopolítica es diferente a la de 2009 y su partido tiene una postura menos radical, según Americas Quarterly.
Xiomara Castro ha prometido que establecerá relaciones diplomáticas con China continental, y que con la ayuda de China reducirá la deuda nacional. En la actualidad, Honduras es uno de los pocos países que sigue reconociendo a Taiwán como la China legítima, por lo que la posible nueva postura de Castro molesta y preocupa tanto a Taipei como a Washington.
También ha prometido introducir un organismo anticorrupción vinculado a la ONU, muy parecido al anterior organismo internacional anticorrupción del país, la MACCIH, que fue eliminado el año pasado. El organismo internacional de lucha contra la corrupción, Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue creado en 2016 como una colaboración entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y Honduras tras las fuertes protestas por el hecho de que parte de los más de 330 millones de dólares malversados por altos funcionarios del gobierno del fondo de seguros del país habían ido a parar a la campaña electoral presidencial. El proyecto era una organización extrajudicial híbrida, basada en leyes e instituciones nacionales, como un tribunal ordinario, pero con jueces y apoyo internacionales, como un tribunal internacional.
Poco dinero para la salud
Pero ganar puede ser la parte fácil, porque el próximo gobierno tendrá que hacer frente a muchos retos como consecuencia del duro año 2020. Entre otras cosas, Covid-19 ha ejercido una presión adicional sobre el ya vulnerable sistema de salud del país. Honduras tiene uno de los sistemas de salubridad más débiles del mundo y, por tanto, estaba mal preparada para la pandemia. Antes de la corona, el país gastaba sólo un 8,5 por ciento de su PIB en salud, frente a un 14 por ciento, que es la media de las Américas como continente. Más claramente, el país gasta sólo unos 101 dólares por persona en atención para la salud, lo que es significativamente inferior tanto a la media latinoamericana (392 dólares) como a la media mundial (628 dólares). La atención para la salud está infra financiada y no se le da prioridad, dicen los analistas a Al Jazeera.
Todo esto sería un reto incluso para un Estado que funcionara bien, pero para Honduras ha sido desastroso. La corrupción está muy presente en el país y en 2018 se perdió el 12,5 por ciento del PIB total de todo el país por culpa de la corrupción. Las inversiones se han malversado y han ido a parar a los bolsillos de los políticos, y el resultado es que la gente esta sufriendo.
Además de la pandemia mundial, Honduras se ha visto afectada de forma inusual por catástrofes naturales. Eta e Iota, ambos huracanes de clase cuatro, golpearon el país el 3 y el 17 de noviembre de 2020, respectivamente. Aunque los huracanes afectaron a toda Centroamérica, Honduras fue uno de los países más castigados al quedar destruidas las infraestructuras clave, los pueblos fueron devastados y cientos de miles de hondureños se quedaron sin hogar. El presidente ha anunciado una inversión de cuatro veces el presupuesto anual en programas sociales y restauración de infraestructuras para ayudar a los afectados.
Uno de los ejemplos más recientes fue cuando una gran inversión para comprar hospitales móviles resultó ser un fraude por parte de funcionarios gubernamentales muy corruptos. El contrato de 48 millones de dólares se firmó en marzo de 2020 para su entrega en junio de ese año, pero los hospitales llegaron con meses de retraso y resultaron estar en mal estado y sobrevalorados.
También existe el temor real de que cualquier intento de mejora sea distorsionado y aprovechado por los actores corruptos para socavar el sistema una vez más. A principios de 2019, se produjeron protestas generalizadas de una semana de duración en la capital, Tegucigalpa, por las propuestas de privatización de los servicios educativos y sanitarios. Aunque la propuesta se retiró posteriormente, el temor a la privatización se mantiene entre muchos.
Los escándalos de los últimos años han demostrado que la corrupción llega hasta lo más alto, ya que el hermano del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández (JOH), está detenido en Estados Unidos por estar implicado en el tráfico de drogas. También ha revelado que un notorio narcotraficante mexicano ha contribuido con más de un millón de dólares a la campaña presidencial de su hermano.
Pero no es sólo la capacidad de la corrupción para amplificar el desastre lo que puede reflejarse en las elecciones. La corrupción en Honduras es una intrincada red de factores que interactúan y se refuerzan mutuamente. La clase política depende de la élite rica para ser elegida y llevar a cabo sus políticas; los políticos, a su vez, están en deuda con sus financieros, deuda que pagan vendiendo el aparato estatal a los mismos financieros. Este intercambio tiene como resultado que el sistema legal se oponga activamente y sea debilitado por los políticos elegidos. Esto, a su vez, conduce a una red de seguridad de impunidad para la élite, donde el coste político y legal de cometer abiertamente la corrupción es tan bajo que esto no se convierte en una barrera.
Oligarquía y crimen organizado
Según la activista de derechos humanos Karen Spring, que dirige el podcast Honduras Now, Honduras es en muchos sentidos una oligarquía y el país está gobernado por diversas formas de élites concentradas. Las élites de los sectores industrial y agrícola no son tan influyentes en Honduras como en sus vecinos El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En cambio, las élites se encuentran principalmente en los sectores financiero y de servicios, como los propietarios de las telecomunicaciones, lo que significa que la élite hondureña depende más de las relaciones empresariales para mantener su poder que sus homólogos de otras partes de la región.
En el contexto de la alta incidencia de la corrupción en la burocracia hondureña, ha surgido una tercera forma de élite económico-política. Se trata de una élite burocrática que ha utilizado su posición en diversas instituciones para adquirir poder y capital mediante el soborno.
La delincuencia organizada está muy extendida. Honduras desempeña un papel crucial en el contrabando de drogas de Sudamérica a Estados Unidos, ya que es un importante punto de escala para el transporte de cocaína colombiana a Estados Unidos. También hay indicios de que el país ha empezado a convertirse recientemente en productor de la droga, según un informe de InSight crime. Este papel en la ruta del tráfico criminal ha dado lugar a cantidades extremas de violencia, lo que ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo y ha hecho que la ciudad más grande de Honduras, San Pedro Sula, reciba el título de ”capital mundial del asesinato”. También ha sido muy lucrativo para los cárteles de la droga y el crimen organizado, que se han enriquecido mucho.
Existe una clara interacción entre la delincuencia y los actores estatales. Estos actores estatales operan en una zona gris corrupta, mezclando instituciones legales e ilegales, recibiendo sobornos a través de donaciones de campaña y utilizando sus contactos en el poder judicial y militar para ocultar su poder.
La economía hondureña es, y ha sido durante mucho tiempo, muy dependiente del capital internacional para estimular el crecimiento. La diversificación de la economía en los últimos años, a instancias de los actores internacionales, se ha centrado en facilitar el movimiento de capital extranjero en lugar de fortalecer la propia capacidad del país para generar capital localmente.
Es dentro de este marco económico, y gracias a él, que la delincuencia organizada opera en el país. El crimen organizado recibe protección política, capital político y económico, y una oportunidad de blanquear dinero a través de la inversión en proyectos mineros, a los que accede a través de sus conexiones políticas. Los enormes beneficios financieros generados por el crimen organizado se reinvierten en diversos sistemas políticos, económicos y sociales del país que benefician a la élite de diversas maneras. Sin embargo, esta economía ilícita no sólo financia los partidos para los ricos y las nuevas infraestructuras, sino que parece ser absolutamente básica para mantener en funcionamiento toda la maquinaria política.
La clase política hondureña no sólo no está interesada en combatir la corrupción, sino que lucha activamente contra los intentos de lucha contra la corrupción. Además de suprimir la MACCIH, el Congreso Nacional también ha modificado la ley para facilitar que los políticos se libren de los delitos de corrupción. Cualquier intento de cambiar el sistema es respondido por una élite unida que utiliza cualquier medio de poder que tenga para contrarrestar esto, o cualquier otra forma de cambio real. Seis años después del golpe, en 2015, el Congreso Nacional aplicó el cambio constitucional que supuso la destitución de Manuel Zelaya y dio a JOH la oportunidad de presentarse a un segundo mandato. Tras unas elecciones muy cuestionadas por los observadores nacionales e internacionales, JOH continuó como presidente de Honduras.
Impunidad para los políticos corruptos
Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras se ha convertido en el país más desigual de América Latina y, según las últimas encuestas, es el más desigual de Centroamérica. Solo alrededor del 12 por ciento de la población hondureña era de clase media en 2018, según el Banco Interamericano de Desarrollo.
La activista hondureña Karen Spring afirma que una de las principales razones del alto nivel de corrupción es la impunidad que existe en el país para los ricos y la élite. No es la única que opina así. Los expertos de InSight crime dicen que existe una red de impunidad para la élite.
A diferencia de muchas protestas anteriores, la clase media se unió a los pobres del país, un movimiento que se autodenominó los indignados, para protestar contra el escándalo de la seguridad social. Entre otras cosas, exigieron que Honduras creara una agencia anticorrupción similar a la de Guatemala. Tras meses de protestas, el gobierno se vio finalmente obligado a ceder y crear la MACCIH con la OEA.
Una de las principales deficiencias del proyecto es su falta de participación y compromiso de la sociedad civil. Aunque la gente conocía mejor la MACCIH, lo que hace y cómo lo hace que los proyectos anticorrupción anteriores, era una relación que tenía mucho margen de mejora. Según el GBC, el 78 por ciento de los hondureños cree que la gente corriente puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.
El alto nivel de corrupción y la violencia en el país son factores importantes que explican el notable aumento de la emigración desde Honduras, sobre todo hacia Estados Unidos, en los últimos años. Mientras estos emigrantes trabajan en su nuevo país de origen, envían una parte mensual de sus ingresos a sus familias en Honduras. Este salario familiar ha aumentado significativamente en los últimos años en proporción al PIB y a la economía real del país, lo que hace que estas familias sean menos dependientes económicamente de sus empleos habituales.
El papel histórico de Estados Unidos
Honduras es oficialmente una democracia desde 1981, cuando se eligió un gobierno democrático tras casi dos décadas de régimen militar. Sin embargo, es dudoso que pueda decirse que el país es una democracia desde los años 80. En 1986, el Partido Liberal ganó las elecciones a pesar de tener muchos menos votos que su oponente.
Karen Spring sostiene que, en muchos aspectos, el país sigue funcionando como una república bananera, en la que las empresas extranjeras tienen una enorme influencia sobre la nación y sus intereses dominan la política. Esto ha creado una espiral viciosa, dice Spring: las empresas de EE. UU. (entre otros países) son capaces de sobornar al Estado hondureño para que conceda impunidad a estas empresas, que a cambio presionan para que el Estado de EE. UU. proporcione apoyo continuo al Estado hondureño. Esto crea una red que es muy difícil de romper.
También hay pruebas de que fueron los grupos de presión estadounidenses los que hicieron que Estados Unidos cambiara su opinión sobre el golpe de 2009, pasando de unirse a la comunidad internacional en la condena del golpe a apoyar a los golpistas.
En la década de 1980, Honduras sirvió de plataforma y punto de partida para los intereses y proyectos militares estadounidenses en Centroamérica. Lo más famoso es que Estados Unidos apoyó al grupo rebelde paramilitar Contras en Nicaragua, que se financió financiera y militarmente a través de redes en Honduras. La militarización del país, y cómo el aumento de la financiación militar ha llevado a una mayor influencia de los militares en el país, ha marcado fuertemente el carácter de Honduras. Ha dado lugar a una ola de asesinatos políticos, a la censura y persecución de los movimientos de izquierda y a una cultura de impunidad para los militares, entre otras cosas. Estados Unidos utilizó la red aérea del contrabandista de drogas hondureño Juan Matta-Ballestero para proporcionar suministros a los Contras, lo que ha contribuido a convertir el país en un importante punto de encuentro para el tráfico de drogas.
Una pieza importante en el mantenimiento de la corrupción es el apoyo de actores externos, especialmente el histórico aliado del país, Estados Unidos. Hay pruebas de que las empresas estadounidenses son cómplices de la corrupción para obtener impunidad, que pueden utilizar para ignorar las leyes laborales y medioambientales. Estas empresas y sus grupos de presión consiguen entonces que el gobierno de Estados Unidos ignore problemas evidentes como un golpe de Estado y un presidente corrupto, y siga apoyando al gobierno hondureño. El estatus quo continúa y el país con su presidente cuentan ahora con la bendición de facto de Estados Unidos para ser corruptos.
El mencionado estudio sobre la MACCIH también sostiene que Estados Unidos ha desempeñado un papel importante tanto en el auge como en la caída del proyecto. EE. UU. era el mayor financiador del proyecto y, a diferencia de su homólogo en Guatemala, Trump nunca expresó escepticismo sobre la MACCIH. Sin embargo, el cambio de enfoque de la política exterior de EE. UU. y su priorización de la cuestión de la migración ha sido una razón importante para la terminación del proyecto. Como el interés en las misiones anticorrupción financiadas por EE. UU. en la región ha disminuido, JOH y sus colegas han podido terminar el proyecto con un coste político internacional muy bajo.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha enviado al diplomático Brian A Nicols a Honduras en los días previos a las elecciones para recalcar que EE.UU. quiere que las elecciones sean libres y justas.
Pero ¿actuarán los Estados Unidos y Biden si no es así? ¿O es que Honduras volverá a ser una república bananera olvidada?
Samuel Rivera
