En El Salvador, el presidente Bukele ha lanzado una campaña para debilitar los medios. La estrategia es de crear medios que parece independiente, pero de hecho forma parte de la propaganda del presidente, escribe Serafín Valencia en esta análisis.
Observamos el nacimiento de una generación de medios y programas informativos gubernamentales, algo que no veíamos desde mediados de los años 80’s, específicamente durante el gobierno del ex presidente José Napoleón Duarte. Un nuevo periódico digital en camino; el Noticiero El Salvador de Canal 10, estrenado este lunes y los medios administrados por la Comisión Nacional de Administración de Bienes, (CONAB) son parte del arsenal mediático gubernamental en crecimiento.
Estos medios y programas informativos se presentan erróneamente como públicos, pese a que son de propiedad estatal y administración gubernamental; no hay mecanismos que garanticen su independencia editorial y financiera, pluralidad en sus contenidos, autonomía frente al gobierno y producción de contenidos alejados de expectativas partidarias, cuatro características esenciales de los medios públicos, según la UNESCO.
Para poner a funcionar este arsenal mediático, Bukele hizo una limpieza profunda de los medios ya existentes como Radio Nacional de El Salvador y Canal 10, de donde despidió a 70 periodistas y trabajadores durante el segundo semestre de 2019, renovó la administración de los medios que están bajo la jurisdicción del CONAB y puso allí a periodistas y administradores que garantizan el cumplimiento de la nueva línea editorial.
En los últimos meses, el Gobierno contrató a decenas de periodistas, entre ellos, algunos experimentados en los medios privados, y otros. Hay otros que han pasado a simultanear el periodismo con la comunicación institucional, ya que pertenecen a los gabinetes de comunicación de distintas oficinas gubernamentales. Pero, la polémica se ha centrado en la decisión de quiénes aceptaron trabajar para estos noticieros gubernamentales, tras renunciar al ejercicio en el ámbito privado, como si laborar en una empresa periodística privada fuera garantía de independencia, tal como la concebimos. Los más probable es que pase de una línea editorial condicionada por intereses económicos a otra igual, condicionada por el Gobierno e intereses políticos, claramente. En todo caso, esos colegas seguirán ejerciendo su labor supeditada a una línea editorial comprometida.
Algunas salas de redacción de los medios más grandes del país fueron debilitadas, los periodistas y otros trabajadores de la información, como diseñadores, community managers y otros, fueron atraídos por los salarios ofrecidos por el gobierno, en la mayoría de casos muy superiores a los que recibían en los medios donde trabajaron, y donde su fuerza de trabajo no fue bien valorada. La administración Bukele aprovechó el momento de crisis financiera y de mercado que venían atravesando los medios tradicionales para darles un golpe profundo desde sus entrañas.
Mientras los medios tradicionales despedían, reducían salarios y suspendían contratos a periodistas, y otros empleados, en plena pandemia, Bukele les ofrecía empleo, mejores salarios y les generaba expectativas en sus nuevos proyectos informativos a casi un centenar de colegas. Los que se quedaron en los medios tuvieron que soportar una mayor carga laboral. Solo durante la pandemia fueron despedidos 24 periodistas y trabajadores de medios, según los registros del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, de la APES. Muchos medios privados no son buenos patronos, cometieron y siguen cometiendo sendas violaciones a derechos laborales, hacen despidos masivos y niegan los derechos de ley a sus empleados. Algunos indemnizan con las cifras que quieren a sus empleados cesados, aprovechándose de la vulnerabilidad del trabajador.
Los colegas que vienen de los medios privados vieron una oportunidad para ganar legítimamente un mejor salario en un medio o espacio informativo gubernamental. A excepción de aquellos que ya ostentaban un salario por un cargo público, en algún gabinete de comunicaciones y aceptaron fusionar la labor informativa con la comunicación institucional. ¿Podemos pedirles que practiquen la independencia editorial teniendo como patrono a un gobierno caracterizado como anti prensa? No. Lo mejor es recordar a los primeros que tienen una responsabilidad ética con la verdad y con la ciudadanía, y a los segundos, que el Art. 50 del Código de la Prensa en El Salvador recomienda: “No simultanear la labor periodística con otras actividades profesionales como la publicidad, las relaciones públicas (…) y la propaganda”.
El resultado de esta jugada de Bukele, de llevarse a sus medios gubernamentales a muchos de los colegas experimentados, se percibe en la baja calidad de los productos informativos de los medios tradicionales. Ojalá que esta crisis y los reacomodos en el ecosistema mediático del país provoquen una revitalización de los medios tradicionales, una reconfiguración de sus estrategias de mercado, y el desarrollo de una nueva política empresarial de trato más digno y respetuoso de la ley para los profesionales del periodismo y las comunicaciones. Ojalá que el Ejecutivo también nos sorprenda en adelante, dando el paso a convertir los medios gubernamentales en medios verdaderamente públicos, retomando el anteproyecto de Ley de Medios Públicos, que duerme en los archivos de la Asamblea Legislativa.
Serafín Valencia
